La encuesta del CSIF del pasado mes de diciembre de 2023 pone de manifiesto los problemas de convivencia diarios entre alumnos y entre alumnos con profesores. En este sentido, otro dato especialmente preocupante es que más de la mitad de los docentes (casi el 60 por ciento) reconoce que en sus aulas se producen agresiones frecuentes entre alumnos. 

Especialmente los datos empeoran en la Enseñanza Secundaria. El 94 por ciento de los profesores reconocen problemas de convivencia en sus clases (frente al 91 por ciento del total). También sufren más agresiones o faltas procedentes del alumnado (casi 80 por ciento frente a la media total de 71 por ciento); mientras que el porcentaje de agresiones o faltas por parte de las familias de alumnos apenas varía (36 por ciento). Los estudiantes también son más violentos entre sí (el 65 por ciento de los profesores confiesa que las agresiones entre el alumnado son frecuentes).

Lo que aquí detectamos no son casos, ni muchos ni pocos. Lo preocupante y significativo es el clima de violencia que existe en nuestras aulas. Cada cual –si es docente-  debe abstraerse ahora de los datos para confirmar en qué medida esa atmósfera casi irrespirable se hace presente en su centro educativo. Las causas son múltiples y complejas y no me detengo en ellas en este momento.  Lo cierto es que urge enfrentar la educación como esa necesaria transformación de la convivencia, como señaló desde hace tiempo Humberto Maturana.

Los docentes desempeñan un papel esencial en la detección de casos de acoso escolar. Desvelan situaciones de riesgos y posibles conflictos que se producen en el día a día, conocen a sus alumnos y alumnas, sus capacidades y limitaciones, su entorno familiar y social; saben cómo afrontan tareas académicas en su aula. Sin embargo, para transformar la convivencia deben contar con los medios precisos.

La puesta en marcha del coordinador o coordinadora de convivencia es un paso necesario que ya se ha puesto en marcha en no pocos lugares. Han de ser los agentes preventivos que faciliten y promuevan una cultura del cuidado en los centros educativos capaz de revertir un clima de convivencia sano. Esto no significa que los conflictos desaparezcan, sino que se encaucen adecuadamente desde presupuestos éticos que no se ceben en la cara punitiva del hecho violento, sino que se abran paso a la convivencia restaurativa y una gestión pacífica de los conflictos. Tal misión requiere tiempo, formación y voluntad de cuidarnos en medio del conflicto y no a pesar de él.

Ciertamente en un clima de violencia lo primero que nos viene a la cabeza como solución son las medidas drásticas que castigan y sirven de ejemplo. En casos extremos habrá que llegar a ese tipo de determinaciones, pero no ha de ser la regla a seguir, a mi juicio. Más bien se trata de empeñarnos en crear convivencia como uno de nuestros primeros compromisos educativos, de tal manera que sepamos apreciar que un conflicto, por duro que sea, no es la ruptura de una norma, sino la fractura de un vínculo entre nosotros. Hemos de poner todo nuestro esfuerzo en volver a vincular, es decir, trabajar mancomunadamente para rehacer la convivencia perdida. Y este compromiso no lo podemos delegar en un cargo o en una nueva figura, si no queremos que sea figura decorativa.

Más aún: con las ratios elevadas que hay actualmente, con la sobrecarga de horario lectivo y el escaso apoyo y reconocimiento por parte de la administración es el profesorado el que hace frente a estas situaciones diarias de la mejor forma posible, sin formación específica en la mayoría de los casos. En este contexto la figura del coordinador de bienestar debe dotarse de cobertura legal, musculatura ética y capacidad de maniobra en sus instituciones para que sea reconocida como mediación educativa relevante.

Por todo ello, entiendo que en torno a la figura del coordinador de bienestar deben articularse las siguientes propuestas de desarrollo: formación específica sobre la cultura del cuidado en relación con la convivencia y resolución de conflictos, articulación de grupos de reflexión y deliberación ética en el centro debidamente formados y trabajar en red entre coordinadores del bienestar de una institución o de un territorio. Se trata de tres medidas imprescindibles para que eche a andar con ciertas garantías este nuevo dispositivo.

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